Las leyes educativas: asignatura pendiente de la democracia española
Desde que España es un estado democrático, ha habido múltiples cambios de gobierno condicionados por los diversos desafíos que han tenido que enfrentar. Algunos de los desafíos propuestos han sido superados con creces, ya que España es uno de los países del mundo más avanzados en cuestiones de derechos y libertades sociales. Pero no solo de pan vive el hombre, y existe una cierta cuestión que ha sido motivo de vaivenes y disquisiciones varias de los partidos que integran o han integrado el Congreso de los Diputados: las leyes educativas.
Pongámonos en situación; desde el año 1978 en el que fue promulgada la actual Constitución Española, fueron puestas en funcionamiento un total de siete leyes orgánicas en materia educativa. La LOECE, LODE, LOGSE, LOCE LOE, LOMCE (‘Ley Wert’) y la más reciente, la LOMLOE (conocida como ‘Ley Celaá’), forman una infame lista que, como poco, nos servirá para establecer unas pequeñas reflexiones alrededor de esta anomalía.
En primer lugar, tenemos que entender la política como un juego de intereses; la persona A representa al partido X que se encuentra en el poder, y para reforzar una posición de poder sobre la oposición saca adelante una ley, generalmente, con cambios someros, que le sirva para establecer una concepción de la educación afín en mayor medida a su ideario o a la disciplina de partido. Si sois jóvenes, recordaréis como poco a tres personalidades que se adaptan perfectamente a esta afirmación: María Jesús San Segundo, José Ignacio Wert e Isabel Celaá. ¿Cuál es el hilo conductor entre estos tres ministros de Educación del Gobierno de España? La reacción de la oposición, tanto a nivel institucional como social.
Partamos de una premisa: ¿cuán ético es sacar adelante leyes de un calado tan grande sin un consenso mayoritario, mientras la oposición alude a que esa ley electoral será derogada según toquen poder? Hay ciertas cuestiones a nivel parlamentario que requieren algo más que una mayoría absoluta, como por ejemplo, la reforma de la Constitución, que requiere tres quintas partes del Congreso de los Diputados, o la Ley de Referéndum, que exige que tres cuartas partes de la Cámara estén de acuerdo. Cuando aludo a estas particularidades es porque considero que la educación no es un tema menor que un plebiscito o un referéndum, ya que las futuras generaciones dependen de las decisiones del ahora y la inestabilidad legislativa es un lastre para ello.
Huyendo de nombres, es necesario que el problema sea enfocado para poder solucionarlo del mejor modo posible. Para ello, deberá ocurrir algo que nos suena a chino, y es conseguir un diálogo multilateral entre todas las fuerzas representadas en el Congreso de los Diputados. En el año 2010 existió un oasis en el desierto: el ministro Ángel Gabilondo encabezó el Pacto de Estado por la Educación con el principal partido de la oposición, el Partido Popular, pero estos últimos decidieron retirarse a última hora culpando a los socialistas de no querer revitalizar el sistema educativo del país.
La cuestión definitoria con respecto a las leyes educativas pasa por el diálogo y el sentido de estado. Está claro que, dadas las características actuales del Congreso de los Diputados, sería una tarea titánica conseguir poner de acuerdo a tantos grupos de semejante diversidad ideológica… Pero ello depende de la voluntad de la clase política de llegar a acuerdos y hacer país. La oportunidad de un gran Pacto de Estado por la Educación está más presente que nunca, y más en tiempos tan difíciles como los que nos ha tocado vivir, pero el desarrollo de los acontecimientos en la Cámara de representantes nos muestran que es algo muy lejano a ser una realidad.
